La tasa de 100.000 dólares impuesta por el presidente Donald Trump para la visa H-1B, destinada a trabajadores extranjeros altamente calificados en ocupaciones especializadas en Estados Unidos, fue suspendida temporalmente por un juez federal el lunes por la tarde.
El juez federal de distrito Leo Sorokin, de Boston, consideró en su fallo que se trataba de un impuesto ilegal no autorizado por el Congreso. La resolución responde a una demanda presentada por 20 fiscales generales estatales demócratas que impugnaron la tasa anunciada por Trump en septiembre del año pasado.
La orden presidencial elevaba drásticamente el costo para obtener estas visas. Antes de esta medida, los empleadores pagaban entre 2.000 y 5.000 dólares por trabajador extranjero, según distintos factores. Durante el anuncio, la administración defendió la tasa alegando que existía «un abuso» por parte de empleados extranjeros.
El programa H-1B ofrece 65.000 visas al año, además de otras 20.000 para trabajadores con títulos de posgrado, con una vigencia de entre tres y seis años.
El aumento de la tarifa impuesto por la administración Trump desalentó la solicitud de estas visas. Según cifras obtenidas por Reuters, al 15 de febrero de este año el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) solo había recibido 85 pagos correspondientes a la tasa de 100.000 dólares, según informó la Administración en un escrito presentado en marzo.
Desde Washington, argumentaron que la medida corresponde a la competencia presidencial en virtud de la ley federal de inmigración y que su objetivo es restringir la entrada de determinados ciudadanos extranjeros. La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que la administración «confía en que esta orden será revocada en apelación».
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó en un comunicado que discrepa de “este flagrante activismo judicial que desmantela los históricos esfuerzos del presidente Trump por una reforma migratoria”, según informaron medios locales.
Esta categoría de visas ha estado asociada principalmente con profesionales del sector tecnológico, aunque el programa también cubre otras vacantes. En la demanda aceptada por Sorokin, los fiscales estatales argumentaron que ya era difícil cubrir puestos de médicos y profesores mediante las visas H-1B antes del aumento de la tarifa.
El fiscal general de California, Rob Bonta, celebró la decisión del juez Sorokin en un comunicado oficial. Bonta había calificado la tasa como un “impuesto” que constituía un ataque a la capacidad de Estados Unidos para atraer y retener talento altamente calificado. “California sigue abierta a los negocios, abierta al talento y comprometida a garantizar que nuestras comunidades cuenten con servicios esenciales —desde la atención médica hasta la educación— que dependen de una fuerza laboral sólida y cualificada”, afirmó.
Con información de Reuters y NPR.